Fundación Encuentro por la Vida: Cultura y Democracia Ambiental

Por Clara Riveros Sosa. Artículo publicado en El Diario de la Región, de Resistencia,Chaco, el sábado 13 de febrero de 2010.

El tramo medio del verano chaqueño ha sido, tradicionalmente y salvo contadísimas excepciones, una temporada bastante tranquila que transcurría casi amodorrada. Sin embargo, este año, a pesar de que las temperaturas podrían suponerse más que suficientes como para derretir todo intento de actividad que fuera más allá de las rutinas básicas, la ciudad ha sido escenario de diversas inquietudes en hervor, movilizaciones y conflictos.
Es en estos días cuando el público nota más claramente cómo van confluyendo áreas que antes se consideraban por separado: derechos humanos, derechos ambientales y justicia social. Tanto los propios militantes de estas áreas como los observadores y estudiosos de estas cuestiones, ya tienen asumidas las coincidencias que las ensamblan.

Esta convergencia no se da sólo localmente sino que se trata de un movimiento mundial que, cabe señalar, no tiene que ver con la globalización de una cierta tendencia que se haga de manera deliberada, sino con la actual proliferación universal de los problemas ambientales. Y, como siempre ocurre, los problemas que no se resuelven se convierten automáticamente en fuente de conflictos constantes.
Los juristas nos explican que la cuestión de los derechos humanos cuenta únicamente respecto de las violaciones a los mismos producidas por los gobiernos. Recordemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos data de 1948 y en la ocasión tenía en la mira a la Alemania de Hitler, a pocos años de su derrota, y apunta al encarcelamiento, el exterminio y la tortura, no así a la destrucción o alteración del ambiente. Por lo tanto, los crímenes cometidos por particulares (empresas, por ejemplo) aunque fueran masivos y desarrollados por largo tiempo, no entran en su campo y –aunque pasibles de las sanciones correspondientes- se ubican como delitos, no como avasallamiento de los derechos humanos, por más que condicionen definitiva y fatalmente la vida de extensos grupos de población y abarquen en sus efectos a generaciones venideras, que es tal como ahora lo sabemos y entendemos.
La noción de ecocidio, ya sea consumado por particulares o gobiernos, es muchísimo más nueva; comenzó a despuntar en la segunda mitad del pasado siglo. Existen en la actualidad movimientos a escala mundial que reclaman la inclusión, en la famosa Declaración, del derecho a un ambiente sano (agua, aire, suelo, naturaleza) no con una mención un tanto difusa como aparece en varias constituciones, sino con la misma relevancia y tan imperativamente como los demás derechos consignados.
Los vacíos legales, la inobservancia de las legislaciones ya existentes, la debilidad de los estados frente a la fuerza y presión de las corporaciones (cuando no la connivencia de unos y otras), las tramas de intereses y corrupciones, todo no hace otra cosa que apuntalar artificialmente un estado de cosas que la ciudadanía ya no soporta. Y ha llegado a una actitud activa, decidida y congregante a través del propio sufrimiento -lamentablemente-, de las amenazas que visualiza sobre su existencia y de la no menos dolorosa comprobación de que no está protegida por las autoridades responsables de su atención, y que incluso -demasiado a menudo- éstas la señalan como malintencionada en sus demandas legítimas, cuando no la criminalizan.
El malestar se acrecienta cuando se recurre a una útil herramienta de la democracia: las audiencias públicas, en las que se depositaban muchas esperanzas, pero éstas resultan finalmente manipuladas y desvirtuadas desde el poder, lo que se da casi invariablemente.
Todo lo anterior mueve a la gente a hacerse cargo de la situación que viven y a ir detrás de sus reivindicaciones justas, absolutamente lícitas y urgentes. Eso vale para lo que a diario se manifiesta como noticias respecto de las reacciones provocadas por la conflictiva ubicación de unidades transformadoras en un barrio, por las fumigaciones con agrotóxicos¹ de dramáticos resultados, por las construcciones oficiales en sitios ilegales y problemáticos, la localización de industrias depredatorias y contaminantes, por sólo señalar lo que más ocupa las primeras planas últimamente, pero se puede sumar y seguir por largo rato ampliando la lista. Sobran motivos para que la ciudadanía tome en sus manos estas cuestiones, y lo está haciendo. Está marcando un cambio importante.

(¹) A los agrotóxicos se les llama comúnmente agroquímicos, pero se hace necesario resaltar su carácter indudablemente tóxico. Quienes los propician y aplican los denominan “fitosanitarios”, pretendiendo envolverlos con un halo benevolente.